LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ES UN INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA QUE EL SECTOR PÚBLICO SE PROVEA, EN COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO, DE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS. Y SU IMPORTANCIA TAMBIÉN RESIDE EN SU RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, HABIDA CUENTA DE SU PESO EN EL PIB Y EN EL CONJUNTO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO.
Dentro de los ámbitos de la contratación pública, el Sistema Nacional de Salud es uno de los actores más relevantes. El gasto público sanitario español representa aproximadamente el 6,1% del PIB, en torno a 65.565 millones de euros anuales, siendo el gasto farmacéutico el 16% de dicho gasto, unos 10.500 millones de euros al año.
Dada la relevancia que tiene el gasto farmacéutico en nuestro país no puede concebirse exclusivamente la compra pública de medicamentos, servicios y/o soluciones de salud como una herramienta de aprovisionamiento de las organizaciones sanitarias sino como un poderoso instrumento para llevar a cabo políticas públicas estratégicas y responsables.
La compra pública responsable implica considerar aspectos más allá del precio, como el impacto ambiental, la promoción de la innovación, las condiciones laborales, la igualdad de género, el coste del ciclo de vida del producto o el fomento de las Pymes y el tejido empresarial local o regional. Busca asegurar que los productos y servicios adquiridos cumplan con estándares de calidad y sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad en general.
En este sentido la UE ha elaborado una interesante guía titulada “Buying Social – a guide to taking account of social considerations in public procurement” en la que se explica de manera clara en que consiste la compra pública responsable y se aportan recomendaciones de interés para su implementación.
A pesar de los esfuerzos de importantes instituciones públicas europeas el precio sigue siendo una de las variables con más peso sobre la toma de decisión a la hora de escoger a un proveedor. Lo que se pretende con la compra pública responsable es que un contrato no sea otorgado de acuerdo con la oferta más barata sino con la económicamente más ventajosa (most economically advantageous tender, MEAT) de forma que no consista únicamente en escoger la oferta con un precio inferior, sino aquella que satisfaga mejor los requisitos que se hayan indicado. Los principales criterios que pueden considerarse para realizar una valoración con el enfoque MEAT son los siguientes:
- Coste de ciclo de vida (CCV)
- Métricas técnicas
- Aspectos sociales
- Aspectos ambientales
- Criterios de innovación
- Otros (calidad, condiciones de entrega, servicio posventa, etcétera)
Según la Comisión Europea, solo adoptando la visión del coste de ciclo de vida (CCV) será posible ver el coste real de un contrato. Esta visión es aplicada cada vez más por diferentes autoridades europeas, pero falta mucho camino por recorrer.
Aquí en nuestro país también, cada vez más voces, se pronuncian al respecto. Una de las últimas ha sido el Comité de cooperación en materia de contratación pública, integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de las organizaciones representativas de las Entidades locales con la publicación de la nueva “Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026”. Concretamente en dicho documento se hace referencia a la importancia de la compra pública estratégica como una herramienta jurídica apropiada para el cumplimiento efectivo de las políticas de los poderes públicos de acuerdo con el artículo 334.2 de la LCSP.
Lo que está claro es que, para que la compra publica responsable sea una realidad, se hace imprescindible trabajar entre todos (sanitarios, gestores, pacientes, pagadores e industria) para cambiar el actual enfoque, redefiniendo o rediseñando los contratos públicos existentes en las organizaciones sanitarias, y utilizando (debidamente) la contratación con una visión estratégica para la ejecución de esas políticas públicas que toman en consideración no sólo los beneficios directos y a corto plazo sino también los impactos y beneficios indirectos y a largo plazo.
Todo está de cara para aplicar este tipo de políticas en nuestros servicios de salud y hospitales, incluso desde el punto de vista legislativo, y a pesar de ello no está siendo sencillo avanzar y es que hay razones de peso para que esto sea así. La inercia del propio sistema, el cortoplacismo en el que se ve envuelto el sistema sanitario español fruto de la politización existente, la falta de formación / profesionalización de los directivos sanitarios, entre muchos otros motivos, hacen que este tipo de políticas públicas no se lleven a cabo de forma generalizada en la sanidad de nuestro país.
HAY QUE PERDER EL MIEDO A GENERAR NUEVOS CONTRATOS. SÓLO COMPARTIENDO LOS CASOS DE ÉXITO Y LAS BUENAS PRÁCTICAS (INCLUIDAS LAS FASES PREVIAS Y POSTERIORES A LA LICITACIÓN) DE COMPRADORES PÚBLICOS DE TODA EUROPA Y, EN ESPECIAL, EN ESPAÑA, CON LA COLABORACIÓN ACTIVA DEL SECTOR PRIVADO, PODREMOS CONSEGUIRLO. ESTAMOS TODOS EN EL DEBER DE HACERLO POR EL BENEFICIO QUE PUEDE SUPONER PARA LA SOCIEDAD.
Links de interés:
Buying social – a guide to taking account of social considerations in public procurement. Clica aquí
Estrategia nacional de contratación pública 2023-2026. Clica aquí
